Es fundamental dentro de la unión europea la existencia de una justicia penal común para todos, dado que la facilidad que hay hoy día para tratar con personas de diferentes estados miembros supone desgraciadamente una mayor facilidad de que se cometan delitos entre ellos. Para evitar problemas de competencias y nacionalismos absurdos deben existir unas normativas comunes y una mayor facilidad de comunicación entre los diferentes cuerpos de justicia de la unión. El Eurojust y un fortalecimiento de este, así como la posible creación de una fiscalía pública europea, indica que vamos en buen camino para conseguirlo, aunque sea poco a poco.
En la actual Unión Europea en la que se busca mayor justicia, libertad, transparencia, democracia y desarrollo; se toma como base el Tratado de Lisboa. Pero sólo las normas escritas no bastan. Se necesitan instituciones y procedimientos comunes a todos los Estados Miembros para que los ciudadanos sintamos que la Unión Europea verdaderamente participa en nuestra vida diaria. Proyectos y medidas como más competencias a Eurojust.
Crear un Derecho Procesal Penal Europeo coherente con los Estados Miembros otorga a los ciudadanos de la Unión una mayor seguridad para juzgar delitos transfonterizos y en situaciones como divorcios, accidentes de tráfico, reclamaciones a empresas, etc.
Comentario conjunto de Diego y Daniel: Como se puede desprender de nuestros comentarios individuales creemos en la necesidad de una justicia penal común a nivel de la Unión Europea. Es tarea tremendamente difícil dado que los estados miembros no tienen un sentimiento de unidad europea sino que sólo buscan su propio beneficio nacional aunque en sus declaraciones públicas intenten convencernos de que es lo más necesario para la unión. Es hora de abandonar sentimientos patrios por parte de todos los estados de la unión europea y se ponga en práctica una verdadera unión a todos los niveles, no sólo el económico porque haciendo esto podríamos obtener muchas ventajas, sobre todo seguridad. Seguridad de que delincuentes no puedan aprovecharse de vacios legales entre competencias y jurisdicciones de los estados miembros, seguridad de que las victimas puedan ser resarcidas de los daños sufridos y que tengan los mismos derechos en todos los rincones de la Unión Europea…
Lo que se gana con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y, por consiguiente, el equilibrio entre seguridad y justicia en la UE que este aporta, es que los ciudadanos, cada vez, más confiemos en la justicia que ofrecen los Tribunales, y se abandone la idea, poco a poco, de tomarse la justicia por su cuenta (idea que lo queramos o no, nos surge alguna vez en la vida). De entre las mejoras planificadas en el ámbito de la justicia penal, del plan de acción para implantar el programa de Estocolmo, la que más me llama la atención es la de “asistencia más eficaz para las víctimas de delitos”, ya que, normalmente, en estas situaciones se suele olvidar a la víctima. En mi opinión, no solo el delincuente es el que se tiene que reinsertar en la sociedad. La víctima también, desde un punto de vista de volver a recobrar la confianza en el sistema y en la justicia.
En un mundo tan globalizado y más en la UE sería conveniente y necesaria la existencia de una justicia penal común para todos los países miembros. Aunque actualmente los Estados cooperan entre sí para combatir los crímenes, y con ayuda de órganos como el Eurojust, opino que no es suficiente para hacer frente a determinados delitos o a combatir el crimen organizado, tráfico de drogas, terrorismo… La UE defiende unos derechos y libertades fundamentales comunes en todos los Estados miembros, y aunque sus sistemas de justicia no sean iguales, se podría alcanzar un sistema común siempre que existiera acuerdo entre todos. El tráfico de drogas, entre otros, es un delito que traspasa muchas fronteras, y se podría combatir con mayor facilidad dentro de un sistema común y no cada Estado independientemente. Con una justicia penal común se evitaría que los delincuentes se beneficiasen de situaciones ventajosas de determinados países o de penas menores en un país que en otro, e igualmente se facilitaría su captura si se rompen las barreras de la extradición. Igualmente las víctimas se sentirían más protegidas y menos confusas al tener que presentar una demanda en un Estado que no es el suyo, con las dificultades que implica, por ejemplo, no conocer el sistema de dicho Estado o el idioma.
La lucha contra la criminalidad internacional implica un refuerzo del diálogo y de la acción entre las autoridades judiciales de los Estados miembros en materia penal. Por consiguiente, la Unión Europea ha establecido órganos específicos para facilitar la ayuda mutua. Concretamente, Eurojust y la Red judicial europea facilitan la cooperación entre las autoridades judiciales. La cooperación judicial en materia penal se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las sentencias y las decisiones judiciales de los Estados miembros. Implica un acercamiento de la legislación nacional relacionada y la aplicación de normas mínimas comunes. Las normas mínimas comunes se refieren principalmente a la admisibilidad de pruebas y a los derechos de las víctimas de delitos así como de aquellas personas que se someten a un procedimiento penal. Por último debemos señalar la figura del Eurojust como un órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros, mediante la adopción de medidas estructurales que facilitan la mejor coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales que cubren el territorio de más de un Estado miembro y la importancia de que el papel de éste se haya reforzado Dada la inexistencia de una Derecho Penal común entre los Estados miembros de la Unión Europea y la ausencia de reconocimiento expreso de competencias en materia penal a las Comunidades Europeas las soluciones nacionales se mostraban impotentes para resolver los delitos con elementos de extranjería. De esta forma los Estados miembros se vieron abocados a mejorar los mecanismos de cooperación judicial penal entre ellos, ya que se tomó consciencia de la internacionalización de la criminalidad y del peligro que esto representa. Actualmente existe una serie de partidas presupuestarias al refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia, podemos condensar los problemas actuales del Derecho Penal de la Unión en: 1. Fomentar y mejorar los mecanismos de cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito penal, basado en el mutuo reconocimiento y en la confianza recíproca. 2. Facilitar la armonización sustantiva, necesaria para reducir los obstáculos legales que impiden un buen funcionamiento de la cooperación judicial y policial. 3. Establecer normas mínimas procesales. 4. Mejorar los contactos, el intercambio de información y las buenas prácticas jurídicas entre todos los actores de la justicia penal (autoridades legislativas, judiciales y administrativas y demás profesionales de la justicia). 5. Propiciar la formación de los miembros del poder judicial. 6. Aumentar la confianza mutua. 7. Mejorar las garantías de los derechos de las víctimas y de los acusados. Con todo esto observamos la necesidad de la cooperación entre Estados miembros y la importancia de la existencia de acuerdos en materia judicial penal.
En materia de derecho penal europeo, queda clara la importancia y la relevancia que ha tenido el Tratado de Maastricht, pues supuso la cimentación de Europa en un tercer pilar, el que se refiere a la cooperación en el ámbito de la justicia y asuntos de interior.
Pero igual de relevantes me parecen a mi, subrayar los pasos previos que se han ido produciendo para llegar a este punto. En los primeros tratados constitutivos de la Unión, nada se menciona sobre cooperación en materia penal, y hubo de ser una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la que recomendó un mayor entendimiento en esta materia. El objetivo: la protección de los intereses económicos de la Unión. A nivel nacional, el punto de partida es interesante ya que en 1995 se inició un camino con la reforma de el Código Penal en el que se puede observar una clara influencia del derecho que emana de las Instituciones Europeas.
Como avance en cooperación en materia penal, el Tratado de Lisboa establece que la armonización en este tema pueda llevarse a cabo mediante directivas, lo que sin duda facilita la celeridad.
Esto me permite llegar a la conclusión de que el avance hacia una Europa más unida en cualquier aspecto jurídico es un hecho positivo. No puede considerarse como una debilidad el hecho de permitir a la Unión entrar en nuestro sistema nacional y a nuestra vez delegar competencias en las Instituciones Europeas. Si Europa avanzara más hacia un sistema más identificado con el federalismo salvando las diferencias con el federalismo aplicado a los estados, muchos de los problemas a nivel legislativo quedarían solventados.
La integración europea tuvo como primer punto de partida una serie de beneficios en cuanto a ciertas cuestiones económicas. Su fin era instaurar una política que beneficiaría a todos los Estados adheridos a los Tratados originarios. Hoy día, las cuestiones económicas que dejaron atrás a la CECA o EUROATOM han sido remplazadas por cuestiones totalmente dispares que lo que buscan es una integración entre los Estados miembros en beneficio de la región europea. De ahí el surgimiento del Tratado de Lisboa y el Tratado de Maastricht. Con ellos la aproximación se hace latente en campos que difieren mucho de aquellos que dieron origen a la UE, aunque muchos de los cuales aún están en pañales. Es el caso de los campos de justicia y seguridad europea. Conforme a esto, el Consejo Europeo ha dictaminado una serie de directrices que atañan a éstos con la finalidad de promover un espacio de libertad, seguridad y justicia, en respuesta a la preocupación de los nacionales de los Estados miembros de la Unión. Surgen como ello planes como el que hace referencia el “programa de Estocolmo” que plantea objetivos a cumplir entre el 2010-2014 como son el refuerzo de la cooperación policial, de gestión de las fronteras, de protección civil, gestión de catástrofes y cooperación judicial en materia penal, con objeto de hacer a Europa más segura. Establece igualmente una serie de prioridades, como es el fortalecimiento del Eurojust, la creación de una fiscalía pública europea, una aproximación de un Derecho Penal europeo y una asistencia más eficaz para las víctimas de delitos. Éste programa aclara además que el espacio judicial europeo debe permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos en cualquier lugar de la Unión sensibilizándolos respecto a sus derechos y facilitando su acceso a la justicia. Se puede estimar que el Consejo Europeo considera que es necesario cierto nivel de aproximación de las legislaciones para estimular la comprensión mutua de las diversas cuestiones que puedan surgir entre los diferentes ordenamientos internos, y permitir así la aplicación correcta del principio de reconocimiento mutuo, teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos y tradiciones jurídicas de los Estados miembros.
Tenemos una idea común acerca de que es positivo un acercamiento entre los paises integradores de la Unión Europea en materia penal. Las ventajas de cara a las víctimas serían grandes ya que se avanzaría hacia un sistema que permitiera perseguir y castigar el crimen cometido más facilmente cuando se han superado las fronteras nacionales de cada país. A su vez el delincuente no podría contar con las ventajas que un estado tuviera en materia penal con respecto a otros estados.
Se han creado órganos para hacer más fácil la cooperación entre los estados en esta materia, como la Fiscalía Pública Europea y el Eurojust
Roxana Moldovan El proceso de integración ha sido uno de los principales objetivos que la UE ha perseguido desde su creación. Para competir con las grandes potencia mundiales, Europa ha visto la necesidad de crear un “estado” que pudiera competir a nivel internacional, y como cualquier estado no puedo prescindir de sus elementos integradores: nación, territorio y poder. A pesar de que la creación de dicho “estado” surge de la unión de algunos de los distintos países que componen el viejo continente europeo, estos tenían que actuar como si de uno sólo se tratará. En la actualidad, la UE está compuesta por 28 países. A todos los nacionales de estos países se les reconoce la condición de ciudadano europeo, hecho que genera una situación jurídica enmarca por una serie de derechos y obligaciones. Sin embargo para llegar a equiparar ambas condiciones (europea y nacional) de la persona, es necesario que la UE dote a sus ciudadanos de los mismos instrumentos que un Estado. El Programa de Estocolmo pretende contribuir en la consolidación espacio de libertad, seguridad y justicia. Para ello se pone en marcha un plan de acción para implementar dicho programa y se fortalecen, otorgándoles más competencias, a organismos como Eurojust (organismo de cooperación con la lucha de los delitos transnacionales) y a la fiscalía pública europea (persigue los delitos financieros que afectan a los intereses económicos de la UE). De este modo no sólo se asegura el efectivo ejercicio de los derechos, sino también la protección de los mismos, además de perseguir los delitos cometidos dentro de la UE.
Después de analizar de manera individual el tema planteado, tenemos la idea común de que el origen de la Unión Europea versaba sobre todo en campos económicos con el objetivo final de competir frente al resto de grandes potencias mundiales. De estas primeras relaciones entre los Estados miembros tendió una evolución que ahora lo que busca es más bien una idea clara que podría llegarse a alcanzar algún día: crear un Estado europeo que integre al conjunto de Estados miembros. Sin embargo este proceso de integración aún en algunos campos está bastante verde, de manera que vemos como poco a poco se va progresando en el reconocimiento de nuevos derechos que van destinados al conjunto de ciudadanos europeos, como la ciudadanía europea, pero otras materias aún necesitan el empujón final. Es el caso de la seguridad y justicia europea. Para comenzar a trabajar en los asuntos de integración europea se promulgaron los Tratados de Lisboa y Maastricht, que igualmente trataron sobre la seguridad y justicia europea. En este sentido, el Consejo de Seguridad introdujo el Programa de Estocolmo para fortalecer y otorgar mayor importancia y competencias a asuntos como al espacio de libertad, seguridad y justicia europeos, de manera que el Consejo Europeo, entre los años 2010-2014 , tiene la ambición de tranferir competencias en el ámbito europeo a organismos como el Eurojust o a la fiscalía pública europea para luchar contra los delitos cometidos dentro de la Unión Europea y así crear una justicia penal común a los Estados miembros. Creemos que con este tipo de prácticas los ciudadanos europeos dispondremos de una mayor defensa en cuanto a las consumación de delitos en la Unión Europea, de forma que nada quede impune, puesto que entendemos que la Justicia Penal comunitaria lucharía contra todos los vacíos legales de cada uno de los ordenamientos internos pudiera tener, poniendo atención igualmente en la asistencia a las víctimas de las atrocidades cometidas.
Es fundamental dentro de la unión europea la existencia de una justicia penal común para todos, dado que la facilidad que hay hoy día para tratar con personas de diferentes estados miembros supone desgraciadamente una mayor facilidad de que se cometan delitos entre ellos.
ResponderEliminarPara evitar problemas de competencias y nacionalismos absurdos deben existir unas normativas comunes y una mayor facilidad de comunicación entre los diferentes cuerpos de justicia de la unión.
El Eurojust y un fortalecimiento de este, así como la posible creación de una fiscalía pública europea, indica que vamos en buen camino para conseguirlo, aunque sea poco a poco.
En la actual Unión Europea en la que se busca mayor justicia, libertad, transparencia, democracia y desarrollo; se toma como base el Tratado de Lisboa. Pero sólo las normas escritas no bastan. Se necesitan instituciones y procedimientos comunes a todos los Estados Miembros para que los ciudadanos sintamos que la Unión Europea verdaderamente participa en nuestra vida diaria. Proyectos y medidas como más competencias a Eurojust.
ResponderEliminarCrear un Derecho Procesal Penal Europeo coherente con los Estados Miembros otorga a los ciudadanos de la Unión una mayor seguridad para juzgar delitos transfonterizos y en situaciones como divorcios, accidentes de tráfico, reclamaciones a empresas, etc.
Comentario conjunto de Diego y Daniel:
ResponderEliminarComo se puede desprender de nuestros comentarios individuales creemos en la necesidad de una justicia penal común a nivel de la Unión Europea.
Es tarea tremendamente difícil dado que los estados miembros no tienen un sentimiento de unidad europea sino que sólo buscan su propio beneficio nacional aunque en sus declaraciones públicas intenten convencernos de que es lo más necesario para la unión.
Es hora de abandonar sentimientos patrios por parte de todos los estados de la unión europea y se ponga en práctica una verdadera unión a todos los niveles, no sólo el económico porque haciendo esto podríamos obtener muchas ventajas, sobre todo seguridad.
Seguridad de que delincuentes no puedan aprovecharse de vacios legales entre competencias y jurisdicciones de los estados miembros, seguridad de que las victimas puedan ser resarcidas de los daños sufridos y que tengan los mismos derechos en todos los rincones de la Unión Europea…
Lo que se gana con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y, por consiguiente, el equilibrio entre seguridad y justicia en la UE que este aporta, es que los ciudadanos, cada vez, más confiemos en la justicia que ofrecen los Tribunales, y se abandone la idea, poco a poco, de tomarse la justicia por su cuenta (idea que lo queramos o no, nos surge alguna vez en la vida).
ResponderEliminarDe entre las mejoras planificadas en el ámbito de la justicia penal, del plan de acción para implantar el programa de Estocolmo, la que más me llama la atención es la de “asistencia más eficaz para las víctimas de delitos”, ya que, normalmente, en estas situaciones se suele olvidar a la víctima. En mi opinión, no solo el delincuente es el que se tiene que reinsertar en la sociedad. La víctima también, desde un punto de vista de volver a recobrar la confianza en el sistema y en la justicia.
En un mundo tan globalizado y más en la UE sería conveniente y necesaria la existencia de una justicia penal común para todos los países miembros. Aunque actualmente los Estados cooperan entre sí para combatir los crímenes, y con ayuda de órganos como el Eurojust, opino que no es suficiente para hacer frente a determinados delitos o a combatir el crimen organizado, tráfico de drogas, terrorismo…
ResponderEliminarLa UE defiende unos derechos y libertades fundamentales comunes en todos los Estados miembros, y aunque sus sistemas de justicia no sean iguales, se podría alcanzar un sistema común siempre que existiera acuerdo entre todos. El tráfico de drogas, entre otros, es un delito que traspasa muchas fronteras, y se podría combatir con mayor facilidad dentro de un sistema común y no cada Estado independientemente.
Con una justicia penal común se evitaría que los delincuentes se beneficiasen de situaciones ventajosas de determinados países o de penas menores en un país que en otro, e igualmente se facilitaría su captura si se rompen las barreras de la extradición.
Igualmente las víctimas se sentirían más protegidas y menos confusas al tener que presentar una demanda en un Estado que no es el suyo, con las dificultades que implica, por ejemplo, no conocer el sistema de dicho Estado o el idioma.
La lucha contra la criminalidad internacional implica un refuerzo del diálogo y de la acción entre las autoridades judiciales de los Estados miembros en materia penal. Por consiguiente, la Unión Europea ha establecido órganos específicos para facilitar la ayuda mutua. Concretamente, Eurojust y la Red judicial europea facilitan la cooperación entre las autoridades judiciales.
ResponderEliminarLa cooperación judicial en materia penal se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las sentencias y las decisiones judiciales de los Estados miembros. Implica un acercamiento de la legislación nacional relacionada y la aplicación de normas mínimas comunes. Las normas mínimas comunes se refieren principalmente a la admisibilidad de pruebas y a los derechos de las víctimas de delitos así como de aquellas personas que se someten a un procedimiento penal.
Por último debemos señalar la figura del Eurojust como un órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros, mediante la adopción de medidas estructurales que facilitan la mejor coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales que cubren el territorio de más de un Estado miembro y la importancia de que el papel de éste se haya reforzado
Dada la inexistencia de una Derecho Penal común entre los Estados miembros de la Unión Europea y la ausencia de reconocimiento expreso de competencias en materia penal a las Comunidades Europeas las soluciones nacionales se mostraban impotentes para resolver los delitos con elementos de extranjería.
De esta forma los Estados miembros se vieron abocados a mejorar los mecanismos de cooperación judicial penal entre ellos, ya que se tomó consciencia de la internacionalización de la criminalidad y del peligro que esto representa.
Actualmente existe una serie de partidas presupuestarias al refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia, podemos condensar los problemas actuales del Derecho Penal de la Unión en:
1. Fomentar y mejorar los mecanismos de cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito penal, basado en el mutuo reconocimiento y en la confianza recíproca.
2. Facilitar la armonización sustantiva, necesaria para reducir los obstáculos legales que impiden un buen funcionamiento de la cooperación judicial y policial.
3. Establecer normas mínimas procesales.
4. Mejorar los contactos, el intercambio de información y las buenas prácticas jurídicas entre todos los actores de la justicia penal (autoridades legislativas, judiciales y administrativas y demás profesionales de la justicia).
5. Propiciar la formación de los miembros del poder judicial.
6. Aumentar la confianza mutua.
7. Mejorar las garantías de los derechos de las víctimas y de los acusados.
Con todo esto observamos la necesidad de la cooperación entre Estados miembros y la importancia de la existencia de acuerdos en materia judicial penal.
En materia de derecho penal europeo, queda clara la importancia y la relevancia que ha tenido el Tratado de Maastricht, pues supuso la cimentación de Europa en un tercer pilar, el que se refiere a la cooperación en el ámbito de la justicia y asuntos de interior.
ResponderEliminarPero igual de relevantes me parecen a mi, subrayar los pasos previos que se han ido produciendo para llegar a este punto. En los primeros tratados constitutivos de la Unión, nada se menciona sobre cooperación en materia penal, y hubo de ser una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la que recomendó un mayor entendimiento en esta materia. El objetivo: la protección de los intereses económicos de la Unión. A nivel nacional, el punto de partida es interesante ya que en 1995 se inició un camino con la reforma de el Código Penal en el que se puede observar una clara influencia del derecho que emana de las Instituciones Europeas.
Como avance en cooperación en materia penal, el Tratado de Lisboa establece que la armonización en este tema pueda llevarse a cabo mediante directivas, lo que sin duda facilita la celeridad.
Esto me permite llegar a la conclusión de que el avance hacia una Europa más unida en cualquier aspecto jurídico es un hecho positivo. No puede considerarse como una debilidad el hecho de permitir a la Unión entrar en nuestro sistema nacional y a nuestra vez delegar competencias en las Instituciones Europeas. Si Europa avanzara más hacia un sistema más identificado con el federalismo salvando las diferencias con el federalismo aplicado a los estados, muchos de los problemas a nivel legislativo quedarían solventados.
La integración europea tuvo como primer punto de partida una serie de beneficios en cuanto a ciertas cuestiones económicas. Su fin era instaurar una política que beneficiaría a todos los Estados adheridos a los Tratados originarios.
ResponderEliminarHoy día, las cuestiones económicas que dejaron atrás a la CECA o EUROATOM han sido remplazadas por cuestiones totalmente dispares que lo que buscan es una integración entre los Estados miembros en beneficio de la región europea. De ahí el surgimiento del Tratado de Lisboa y el Tratado de Maastricht. Con ellos la aproximación se hace latente en campos que difieren mucho de aquellos que dieron origen a la UE, aunque muchos de los cuales aún están en pañales. Es el caso de los campos de justicia y seguridad europea.
Conforme a esto, el Consejo Europeo ha dictaminado una serie de directrices que atañan a éstos con la finalidad de promover un espacio de libertad, seguridad y justicia, en respuesta a la preocupación de los nacionales de los Estados miembros de la Unión. Surgen como ello planes como el que hace referencia el “programa de Estocolmo” que plantea objetivos a cumplir entre el 2010-2014 como son el refuerzo de la cooperación policial, de gestión de las fronteras, de protección civil, gestión de catástrofes y cooperación judicial en materia penal, con objeto de hacer a Europa más segura. Establece igualmente una serie de prioridades, como es el fortalecimiento del Eurojust, la creación de una fiscalía pública europea, una aproximación de un Derecho Penal europeo y una asistencia más eficaz para las víctimas de delitos. Éste programa aclara además que el espacio judicial europeo debe permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos en cualquier lugar de la Unión sensibilizándolos respecto a sus derechos y facilitando su acceso a la justicia.
Se puede estimar que el Consejo Europeo considera que es necesario cierto nivel de aproximación de las legislaciones para estimular la comprensión mutua de las diversas cuestiones que puedan surgir entre los diferentes ordenamientos internos, y permitir así la aplicación correcta del principio de reconocimiento mutuo, teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos y tradiciones jurídicas de los Estados miembros.
Comentario de Grupo Denisa, María y Pablo.
ResponderEliminarTenemos una idea común acerca de que es positivo un acercamiento entre los paises integradores de la Unión Europea en materia penal. Las ventajas de cara a las víctimas serían grandes ya que se avanzaría hacia un sistema que permitiera perseguir y castigar el crimen cometido más facilmente cuando se han superado las fronteras nacionales de cada país. A su vez el delincuente no podría contar con las ventajas que un estado tuviera en materia penal con respecto a otros estados.
Se han creado órganos para hacer más fácil la cooperación entre los estados en esta materia, como la Fiscalía Pública Europea y el Eurojust
Roxana Moldovan
ResponderEliminarEl proceso de integración ha sido uno de los principales objetivos que la UE ha perseguido desde su creación. Para competir con las grandes potencia mundiales, Europa ha visto la necesidad de crear un “estado” que pudiera competir a nivel internacional, y como cualquier estado no puedo prescindir de sus elementos integradores: nación, territorio y poder. A pesar de que la creación de dicho “estado” surge de la unión de algunos de los distintos países que componen el viejo continente europeo, estos tenían que actuar como si de uno sólo se tratará.
En la actualidad, la UE está compuesta por 28 países. A todos los nacionales de estos países se les reconoce la condición de ciudadano europeo, hecho que genera una situación jurídica enmarca por una serie de derechos y obligaciones. Sin embargo para llegar a equiparar ambas condiciones (europea y nacional) de la persona, es necesario que la UE dote a sus ciudadanos de los mismos instrumentos que un Estado.
El Programa de Estocolmo pretende contribuir en la consolidación espacio de libertad, seguridad y justicia. Para ello se pone en marcha un plan de acción para implementar dicho programa y se fortalecen, otorgándoles más competencias, a organismos como Eurojust (organismo de cooperación con la lucha de los delitos transnacionales) y a la fiscalía pública europea (persigue los delitos financieros que afectan a los intereses económicos de la UE). De este modo no sólo se asegura el efectivo ejercicio de los derechos, sino también la protección de los mismos, además de perseguir los delitos cometidos dentro de la UE.
Comentario de grupo Roxana, Esperanza y Carlos:
ResponderEliminarDespués de analizar de manera individual el tema planteado, tenemos la idea común de que el origen de la Unión Europea versaba sobre todo en campos económicos con el objetivo final de competir frente al resto de grandes potencias mundiales. De estas primeras relaciones entre los Estados miembros tendió una evolución que ahora lo que busca es más bien una idea clara que podría llegarse a alcanzar algún día: crear un Estado europeo que integre al conjunto de Estados miembros. Sin embargo este proceso de integración aún en algunos campos está bastante verde, de manera que vemos como poco a poco se va progresando en el reconocimiento de nuevos derechos que van destinados al conjunto de ciudadanos europeos, como la ciudadanía europea, pero otras materias aún necesitan el empujón final. Es el caso de la seguridad y justicia europea.
Para comenzar a trabajar en los asuntos de integración europea se promulgaron los Tratados de Lisboa y Maastricht, que igualmente trataron sobre la seguridad y justicia europea. En este sentido, el Consejo de Seguridad introdujo el Programa de Estocolmo para fortalecer y otorgar mayor importancia y competencias a asuntos como al espacio de libertad, seguridad y justicia europeos, de manera que el Consejo Europeo, entre los años 2010-2014 , tiene la ambición de tranferir competencias en el ámbito europeo a organismos como el Eurojust o a la fiscalía pública europea para luchar contra los delitos cometidos dentro de la Unión Europea y así crear una justicia penal común a los Estados miembros.
Creemos que con este tipo de prácticas los ciudadanos europeos dispondremos de una mayor defensa en cuanto a las consumación de delitos en la Unión Europea, de forma que nada quede impune, puesto que entendemos que la Justicia Penal comunitaria lucharía contra todos los vacíos legales de cada uno de los ordenamientos internos pudiera tener, poniendo atención igualmente en la asistencia a las víctimas de las atrocidades cometidas.